El Frente Nuevo Encuentro impulsa, en ambas
Cámaras del Congreso de la Nación, dos proyectos de ley para mejorar la
regulación de alquileres en el mercado inmobiliario y defender los
derechos de los inquilinos e inquilinas. Se trata de la llamada “Ley de
alquileres” y otra que define límites a los intentos de desalojos.
La Ley de Alquileres, presentada por los senadores nacionales Osvaldo Lópes y María Rosa Díaz del Frente Nuevo Encuentro, propone la intervención del Estado en el control de contratos firmados entre inquilinos y propietarios, con el fin de regular el mercado y equilibrar la relación de fuerzas entre unos y otros. Entre los principales puntos, el proyecto plantea fijar los precios de los alquileres de acuerdo a un sistema basado en la cotización del inmueble. Además, fija un mínimo de tres años en los contratos con renovación automática, plantea un máximo de un mes de alquiler como depósito y otro de comisión, pone en responsabilidad del propietario reformas o arreglos en la propiedad alquilada y crea organismos de contralor tanto de los contratos como de los inmuebles en mercado.
Por otra parte, el presidente del bloque del Frente Nuevo Encuentro en la Cámara de Diputados, Martín Sabbatella, es firmante de un proyecto de ley que apunta a resguardar los derechos de los inquilinos mediante el establecimiento de límites a los desalojos. La propuesta, que suscriben diputados y diputadas de diversos bloques, plantea un régimen de actuación judicial que deberá seguirse antes de ordenar la desocupación del inmueble o llevar adelante el desalojo por la fuerza. En ese sentido, la nueva ley impediría que un juez pueda ordenar un desalojo inmediato.
Según establece el proyecto, previo a ordenar la desocupación del inmueble, se deberá elaborar un informe social sobre las condiciones de vida de las personas que habitan la propiedad. Además, los desalojos no podrán afectar el período lectivo de niños, ni expulsar a embarazadas 90 días antes o después del parto.
Ambas iniciativas forman parte de un conjunto de propuestas que son impulsadas por el colectivo Habitar Argentina, un espacio conformado por organizaciones, instituciones académicas, movimientos sociales y legisladores, que trabajan con el objetivo de generar un marco normativo que garantice el derecho a la vivienda, la tierra y al hábitat para todos los argentinos.
La Ley de Alquileres, presentada por los senadores nacionales Osvaldo Lópes y María Rosa Díaz del Frente Nuevo Encuentro, propone la intervención del Estado en el control de contratos firmados entre inquilinos y propietarios, con el fin de regular el mercado y equilibrar la relación de fuerzas entre unos y otros. Entre los principales puntos, el proyecto plantea fijar los precios de los alquileres de acuerdo a un sistema basado en la cotización del inmueble. Además, fija un mínimo de tres años en los contratos con renovación automática, plantea un máximo de un mes de alquiler como depósito y otro de comisión, pone en responsabilidad del propietario reformas o arreglos en la propiedad alquilada y crea organismos de contralor tanto de los contratos como de los inmuebles en mercado.
Por otra parte, el presidente del bloque del Frente Nuevo Encuentro en la Cámara de Diputados, Martín Sabbatella, es firmante de un proyecto de ley que apunta a resguardar los derechos de los inquilinos mediante el establecimiento de límites a los desalojos. La propuesta, que suscriben diputados y diputadas de diversos bloques, plantea un régimen de actuación judicial que deberá seguirse antes de ordenar la desocupación del inmueble o llevar adelante el desalojo por la fuerza. En ese sentido, la nueva ley impediría que un juez pueda ordenar un desalojo inmediato.
Según establece el proyecto, previo a ordenar la desocupación del inmueble, se deberá elaborar un informe social sobre las condiciones de vida de las personas que habitan la propiedad. Además, los desalojos no podrán afectar el período lectivo de niños, ni expulsar a embarazadas 90 días antes o después del parto.
Ambas iniciativas forman parte de un conjunto de propuestas que son impulsadas por el colectivo Habitar Argentina, un espacio conformado por organizaciones, instituciones académicas, movimientos sociales y legisladores, que trabajan con el objetivo de generar un marco normativo que garantice el derecho a la vivienda, la tierra y al hábitat para todos los argentinos.
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