Tiene el respaldo de más de un millón de
firmas y la adhesión de más de 2.300 empresas, cooperativas y
organizaciones sociales. El nuevo texto propone cambios para ampliar y
mejorar el acceso al crédito, y tiene en cuenta los avances producidos
con la reciente reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El Frente Nuevo Encuentro presentó ayer ante la Cámara de Diputados el
nuevo Proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo
Económico y Social con el objetivo de derogar la norma 21.526 de
entidades financieras dictada durante la dictadura militar en 1977, y
remplazarla por una nueva regulación concebida desde el interés público,
en base a las necesidades de los usuarios y con el objetivo de promover
al desarrollo económico y social nacional.
La iniciativa cuenta con el respaldo de todo el bloque del Frente Nuevo
Encuentro e ingresó con las firmas de los diputados nacionales Carlos
Heller, Martín Sabbatella, Carlos Raimundi, Juan Carlos Junio y Gastón
Harispe.
Se trata de un nuevo texto sobre la base del proyecto original
presentado en 2010, que tiene en cuenta los avances producidos con la
reciente reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina, pero que además contempla otros cambios para ampliar y
mejorar el acceso al crédito de las empresas y los particulares de todas
las regiones del país, en particular de los sectores de menor potencial
económico.
“La declaración de la actividad financiera como un servicio de
interés público implica la aplicación de una intensa regulación y
fiscalización estatal por la importancia de la actividad para la
comunidad. Dejar atrás la ley 21.526, sancionada de facto por la última
dictadura militar, expresa la decisión de priorizar los intereses del
conjunto de la Nación y la comunidad por sobre los intereses meramente
lucrativos de los capitales e instituciones del poder concentrado
nacional y transnacional”, expresó Heller.
“La Ley de Servicios Financieros está pensada desde los usuarios. En
ese sentido, contamos con el respaldo de más de un millón de firmas que
nos llegaron desde todas las regiones del país y con la adhesión de más
de 2.300 empresas, cooperativas, organizaciones sociales, municipios,
concejos deliberantes y legislaturas provinciales”, agregó el diputado nacional.
El proyecto de ley que acaba de tomar estado parlamentario postula que
el 48%, como mínimo, del promedio anual de las financiaciones totales al
sector privado de cada entidad financiera deberá destinarse a préstamos
a Micro, Pequeñas y Medianas empresas. Para el cumplimiento de este 48%
también se computarán los préstamos hipotecarios que las entidades
otorguen para la construcción, compra y refacción de viviendas únicas
familiares.
La propuesta también prevé la regulación sobre las tasas de interés de
las operaciones crediticias de los sectores más desprotegidos y con
menor capacidad de negociación.
En el texto, se detallan como objetivos del proyecto de ley: “Promover
el acceso universal a los servicios financieros; proveer medios de pago y
transaccionales eficientes para facilitar la actividad económica y las
necesidades de los usuarios; fortalecer el ahorro nacional mediante
productos financieros acordes a las necesidades de los usuarios y
proteger los ahorros colocados en las entidades financieras, en
particular los correspondientes a los pequeños y medianos ahorristas”.
Entre los motores del proyecto se destacan también: “Impulsar el
financiamiento productivo, en particular de las micro, pequeñas y
medianas empresas nacionales; promover el crédito destinado a satisfacer
las necesidades de vivienda y consumo de las personas y grupos
familiares; alentar una distribución regional equitativa de la actividad
financiera; preservar la estabilidad del sistema financiero y proteger
los derechos de los usuarios de servicios financieros”.
“Como en otros países de Latinoamérica, en Argentina asistimos a una
revalorización de lo nacional y de lo estatal como una forma de lograr
desarrollos económicos sostenibles, establecer la soberanía sobre los
recursos naturales y las actividades estratégicas, y asegurar los
derechos de los ciudadanos. El proyecto de Ley de Servicios Financieros
fue concebido en este mismo sentido”, concluyó Heller.