Los y las integrantes de Nuevo Encuentro repudiamos el asesinato del joven campesino Cristian y exigimos la identificación y el castigo de los responsables.Los y las integrantes de Nuevo Encuentro repudiamos el asesinato del joven campesino Cristian Ferreyra, habitante del paraje San Antonio, en Santiago del Estero, y militante de MOCASE Vía Campesina, y exigimos la identificación y el castigo de los responsables de los amedrentamientos, lesiones y homicidios de los que son víctimas pobladores campesinos e indígenas en distintas provincias del país.
Así como es urgente la sanción de la Ley de Tierras –impulsada por la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner-, tenemos que avanzar de inmediato en el tratamiento de una ley que suspenda los Desalojos de las Comunidades Campesinas e indígenas. Para ello desde Nuevo Encuentro impulsamos la construcción de un amplio consenso parlamentario para debatir y dar sanción a leyes que pongan coto a los atropellos por parte de civiles armados contratados por empresarios inescrupulosos de los agronegocios y que brinden una solución verdadera a la problemática que viven miles de familias y pequeños productores campesinos e indígenas, garantizando sus derechos sobre la tierra y generando condiciones dignas para su desarrollo.
No podemos permitir que la especulación económica y la ampliación de la frontera agrícola continúen generando estas acciones violentas y la muerte de pobladores cuyos derechos sobre la propiedad de la tierra que habitan no puede ser arrasado por ninguna pretensión empresarial. En la inmensa mayoría de estas situaciones, el derecho a la vida y a la integridad física está comprometido a partir de la ausencia o la complicidad de los gobiernos provinciales. Exigimos a éstos, en cada provincia, que formulen y ejecuten, sin más dilaciones, políticas públicas para solucionar la problemática de la tierra. Al mismo tiempo, conminamos a esos gobiernos provinciales a impedir que las fuerzas policiales bajo su mando sean puestas al servicio de la defensa de los intereses privados de falsos inversores, que especulan con la compra de tierras que se encuentran habitadas.
Es necesario recordar que, antes del crimen de ayer de Cristian Ferreyra, se sucedieron otras tres muertes sólo en dos años directamente vinculadas a los desalojos. El poblador diaguita Javier Chocobar fue asesinado en Tucumán el 12 de octubre de 2009. La campesina santiagueña Sandra Juárez murió el 13 de marzo de 2010, mientras resistía el avance de una topadora. Y el 23 de noviembre de 2010 fue asesinado el qom formoseño Roberto López fue durante un corte de ruta. Además de ellos, miles de pobladores y pobladoras campesinos e indígenas son amenazados y golpeados para que se vayan de las tierras que les pertenecen.
En ese marco, desde Nuevo Encuentro, llamamos la atención acerca del accionar de jueces que, acumulando causas y omitiendo responder las numerosas denuncias previas en estos casos de violencia, actúan como cómplices de los especuladores e impiden que se respete el derecho a la tierra de los campesinos e indígenas. También es indispensable investigar a las escribanías intervinientes en las transmisiones de dominio que están en el origen de todos los conflictos por la tierra que se vienen multiplicando en varias provincias desde hace décadas. Las operaciones de compra venta de propiedades, en las que deliberadamente se soslaya la existencia de familias que habitan desde hace décadas esas tierras, desnuda el desprecio por los derechos de esos pobladores y antecede acciones violentas de desalojo como las que estamos presenciando.
En materia parlamentaria, hay proyectos de ley promovidos por Habitar Argentina - subscriptos por distintos bloques, entre los que se encuentra Nuevo Encuentro-, vinculados al derecho a la vivienda y el hábitat: el de Ordenamiento Territorial Nacional, que fija la función social y ecológica de la propiedad, el de la creación de un Sistema Integral de Políticas para la Vivienda y el Hábitat, junto a un fondo de financiamiento específico, y otro proyecto para la regularización de los procesos de desalojo tendiente a evitar que los pobladores queden en situación de calle.
Es urgente que desde todas las fuerzas políticas populares se impulse el marco legal necesario para dar una solución definitiva a este grave problema que afecta a miles de familias en distintas provincias del país, que están a merced tanto de la especulación económica como del abandono de gobiernos locales cómplices de la violencia.
MESA NACIONAL DE NUEVO ENCUENTRO, 18 de noviembre de 2011
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